Sobre la reforma del poder judicial
de Ramón Pérez Amoedo, socio de MAIO Legal
Dentro de las aberraciones legislativas que se suceden día a día, quizá la de mayor calado y más difícil de comprender es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende sacar adelante el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Es una amplia reforma de la propia estructura y funcionamiento de Jueces y Tribunales. Pero la parte que más afecta a los ciudadanos es sin duda la eliminación de los Juzgados en todas las ciudades y villas que no sean capital de provincia, pasándose a un único Tribunal Provincial de Instancia con sede en la capital de la provincia. Además, desaparecerían las Audiencias Provinciales y las apelaciones se ventilarían en sede del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma.
Justifica el Ministro la reforma en que los partidos judiciales eran propios del siglo XIX cuando “los transportes y las comunicaciones eran difíciles y, por consiguiente, convenía una presencia territorial difusa de la judicatura”. Parece que el Señor Ministro nos dice que cojamos el coche, el tren o el bus si queremos tener justicia.
No se trata de que los Abogados o Procuradores tengamos que desplazarnos a la capital de provincia a diario, pues para mí ése no es el problema. Hay otros más evidentes:
¿Qué hacemos con todos los funcionarios que están en las sedes judiciales que se pretende eliminar? Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Funcionarios, Forenses…
¿Qué hacemos con los edificios a los que se priva de utilidad?
¿Cómo se centraliza en una sola ciudad todos los servicios jurídicos que antes estaban en varias? Es evidente que tendrían que construirse nuevos edificios e infraestructuras.
¿Qué sentido tiene que un ciudadano de Tuy, Ponteareas, Vigo o Lalín tenga que desplazarse a Pontevedra para obtener justicia?
¿No será esto motivo para que los testigos no acudan a los juicios? Por ejemplo, en cuestiones de tráfico, ¿irán los Agentes de la Policía Local de Vigo a testificar a Pontevedra por los accidentes ocurridos en el casco urbano de Vigo?
Más bien, parece que detrás de todo puede existir un anhelo de que el ciudadano acuda cada vez menos a los Tribunales de justicia y opte por otras vías. Lo que sin duda, puede resultar peligroso.
Sobre la reforma del poder judicial
de Ramón Pérez Amoedo, socio de MAIO Legal
Dentro de las aberraciones legislativas que se suceden día a día, quizá la de mayor calado y más difícil de comprender es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretende sacar adelante el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Es una amplia reforma de la propia estructura y funcionamiento de Jueces y Tribunales. Pero la parte que más afecta a los ciudadanos es sin duda la eliminación de los Juzgados en todas las ciudades y villas que no sean capital de provincia, pasándose a un único Tribunal Provincial de Instancia con sede en la capital de la provincia. Además, desaparecerían las Audiencias Provinciales y las apelaciones se ventilarían en sede del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma.
Justifica el Ministro la reforma en que los partidos judiciales eran propios del siglo XIX cuando “los transportes y las comunicaciones eran difíciles y, por consiguiente, convenía una presencia territorial difusa de la judicatura”. Parece que el Señor Ministro nos dice que cojamos el coche, el tren o el bus si queremos tener justicia.
No se trata de que los Abogados o Procuradores tengamos que desplazarnos a la capital de provincia a diario, pues para mí ése no es el problema. Hay otros más evidentes:
¿Qué hacemos con todos los funcionarios que están en las sedes judiciales que se pretende eliminar? Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Funcionarios, Forenses…
¿Qué hacemos con los edificios a los que se priva de utilidad?
¿Cómo se centraliza en una sola ciudad todos los servicios jurídicos que antes estaban en varias? Es evidente que tendrían que construirse nuevos edificios e infraestructuras.
¿Qué sentido tiene que un ciudadano de Tuy, Ponteareas, Vigo o Lalín tenga que desplazarse a Pontevedra para obtener justicia?
¿No será esto motivo para que los testigos no acudan a los juicios? Por ejemplo, en cuestiones de tráfico, ¿irán los Agentes de la Policía Local de Vigo a testificar a Pontevedra por los accidentes ocurridos en el casco urbano de Vigo?
Más bien, parece que detrás de todo puede existir un anhelo de que el ciudadano acuda cada vez menos a los Tribunales de justicia y opte por otras vías. Lo que sin duda, puede resultar peligroso.
