Seguros para directivos: la dirección de empresas como actividad de riesgo

Ángel Vallejo, socio de MAIO Legal desde su fundación y especialista en las áreas de Procesal Civil, Marítimo y Transporte, y Seguros, analiza en este artículo cómo las últimas reformas en la normativa concursal han impuesto a los directivos un cada vez mayor nivel de responsabilidad

La evolución de la normativa sobre responsabilidad de altos directivos evidencia  una creciente exposición de estos a riesgos derivados de su actividad corporativa. En este entorno expansivo en responsabilidades, los seguros de consejeros y directivos (D&O, directors and officers) se presentan como una manera de intentar paliar las consecuencias económicas que puede sufrir un directivo en caso de determinarse que debe responder frente a terceros por daños ocasionados en el desempeño de su labor.

Entre otras áreas tan relevantes como las medidas de protección de los trabajadores de las empresas, resultan llamativas en particular las últimas reformas en la normativa concursal, que imponen a los citados directivos un cada vez mayor nivel de responsabilidad. La modificación de la ley concursal de 2022 aumentó los supuestos en que los directivos pueden ver expuesto su patrimonio personal ante reclamaciones económicas.

El resultado de esa reforma afectó especialmente a los procesos de insolvencia empresarial, ya que aumenta la posibilidad de que sean considerados responsables de los daños ocasionados a los acreedores, al otorgarse a estos últimos en el concurso una mayor capacidad para influir en la calificación del concurso como culpable.

En particular, los acreedores que representen al menos un 5% del pasivo o tengan créditos superiores a un millón de euros pasaron a poder presentar informes razonados y documentados que pueden acabar influyendo en la decisión del juez. Entre otras cosas, los directivos de empresas en concurso están más expuestos a riesgo de litigios que afecten a su patrimonio personal.

La reforma introdujo la figura del experto en reestructuración y la del encargado de recabar ofertas para la adquisición de la unidad productiva, ambas ampliando el ámbito de actividades susceptibles de generar responsabilidades patrimoniales. En el caso del experto en reestructuración, la ley obliga a contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños y perjuicios derivados de su actividad. Este seguro no es obligatorio para el experto en adquisición de la unidad productiva, aunque obviamente es recomendable para evitar riesgos asociados a su gestión.

Ante el aumento en la exposición de los directivos, el seguro de D&O se configura como una vía muy apropiada para proteger frente a reclamaciones que terceros puedan interponer por decisiones o actos de tales personas. Este tipo de seguro cubre la defensa jurídica y determinadas indemnizaciones que puedan derivarse de las reclamaciones que puedan iniciar, por ejemplo, los accionistas, los empleados o los competidores de la compañía.

Las pólizas de D&O pueden cubrir otros riesgos asociados al ejercicio de la dirección de empresas, tales como multas administrativas o daños reputacionales, que pueden afectar tanto a la empresa como a los propios directivos. Del mismo modo, si se detecta la posible existencia de un delito durante el procedimiento concursal, el juez puede remitir el caso al Ministerio Fiscal, lo que podría derivar en un procedimiento penal. Aunque los seguros D&O no cubren actos delictivos intencionados de los directivos, en algunos casos sí pueden al menos proporcionar cobertura a los gastos de defensa jurídica mientras no se demuestre dolo por parte del directivo.

En conclusión, la combinación del seguro D&O con la reforma de la Ley Concursal refuerza la necesidad de que las empresas y sus directivos revisen y actualicen sus pólizas de seguro. Los riesgos adicionales derivados de la reforma, como la mayor participación de los acreedores y la posibilidad de nuevos procedimientos penales o civiles, hacen que sea esencial contar con una cobertura adaptada a esta nueva realidad legal. Tanto las empresas como las aseguradoras deben trabajar de manera conjunta para garantizar que las pólizas D&O cubran adecuadamente los riesgos que enfrentan los directivos y administradores en el ejercicio de sus funciones, en un entorno cada vez más regulado y complejo.