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Más de 20 años de experiencia en diferentes firmas, han hecho que Ramón P. Amoedo sea considerado como uno de los penalistas de más prestigio en Galicia. Licenciado en Derecho por la Universidad de León, es en la actualidad socio responsable de las Áreas Penal y Administrativa del despacho de Vigo.
Con él hemos querido analizar los cambios que ha supuesto la reciente reforma del Código Penal, especialmente para las empresas, y cómo éstas pueden adaptarse a los nuevos requisitos con la implantación del Compliance Penal.
Llevamos unos meses con el nuevo Código Penal implantado. ¿Qué ha supuesto para un abogado penalista como usted esta reforma?
Como en todas las reformas, ha tocado ponerse al día, empapándome de nueva regulación.
Son muchos los aspectos que afectan de manera directa a las empresas dentro de esta reforma. ¿Cuáles destacaría como principales?
Realmente, ya existía tras la reforma del 2010 la Responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora lo que se produce es un espaldarazo y una regulación más definida, aunque considero que todavía sería necesario un mayor desarrollo.
¿Cree que estas modificaciones supondrán un beneficio para las empresas?
Sin duda. Las empresas deben concienciarse del peligro que supone una imputación penal por las consecuencias que ello conllevará para la persona jurídica. Además, creo que puede ayudar a mejorar su procedimiento de toma de decisiones y a reducir o eliminar viejas prácticas.
La reforma ha dado protagonismo a la figura del Compliance Penal, ¿en qué consiste?
Se trata de un procedimiento a fin de definir los riesgos penales de la empresa y a evitar la comisión de los mismos, con la finalidad de que si en el futuro se comete un delito y la empresa había adoptado previamente todo los medios para que ello no fuera así, la persona jurídica pueda quedar exenta de la responsabilidad penal.
¿Y ciertamente esta implantación exime de toda responsabilidad penal a las empresas?
Si el protocolo penal se ha implantado con rigor, ha existido un absoluto control por parte de administradores y apoderados, y se constata que había un procedimiento disciplinario y sancionador para responder ante las infracciones, puede conseguirse la exención. Si esos controles han fallado por no ser rigurosos y serios, podremos ir a una atenuación de penal.
¿Qué deben hacer las empresas para implantar este protocolo?
Principalmente, estar convencidos de ello. De nada vale implementar un Compliance Penal si no existe el propósito de seguir sus indicaciones. Debemos evitar los «maquillajes». Luego, por supuesto, ponerse en manos de un experto. Tristemente están implementando protocolos penales personas o empresas sin ninguna cualificación.
Lleva ya mucho tiempo trabajando en diferentes protocolos penales, ¿se puede decir que hay verdadera concienciación por parte de la empresa para implantarlo?
Ha costado convencer a las empresas, pero lo cierto es que poco a poco empiezan a ser conscientes de sus ventajas. Los administradores no deben verlo como un gasto más, sino como una inversión de futuro que a medio y largo plazo les resultará rentable y dotará a sus organizaciones de mayor seguridad jurídica.
Actualmente MAIO Legal, desde su área penal, está llevando a cabo la implantación de diversos Compliances penales para empresas. Si está interesado en recibir información y asesoramiento al respecto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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