MAIO Legal

Maite Parejo Sousa, reconocida experta en derechos humanos y socia del área Penal de MAIO Legal, ha sido designada vocal del Comité de Dirección del II Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027). Este Comité, establecido mediante el Real Decreto 709/2024, tiene como misión coordinar, supervisar y evaluar las políticas de derechos humanos en España, siendo un organismo clave adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Este nombramiento refuerza el compromiso de Parejo y de MAIO Legal con la promoción de los derechos fundamentales.

El II Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado en junio de 2023, define 16 objetivos generales, 71 específicos y 421 medidas para garantizar los derechos humanos, promover la igualdad de género y proteger a grupos vulnerables. Elaborado con una visión participativa, el Plan refleja las aportaciones de 17 ministerios, comunidades autónomas, ONGs, institutos académicos y representantes de la sociedad civil. Este enfoque colaborativo resalta la importancia de un marco inclusivo y consensuado en la defensa de los derechos fundamentales en España.

En palabras de Parejo: “Formar parte del Comité de Dirección del II Plan Nacional de Derechos Humanos es una responsabilidad que asumo con profundo compromiso y gratitud. Desde MAIO Legal, continuaremos aportando nuestra experiencia y dedicación para promover un entorno en el que los derechos humanos estén en el centro de nuestras políticas y decisiones colectivas”. Su designación, realizada por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, refuerza la posición de liderazgo de MAIO Legal en el asesoramiento jurídico en derechos humanos.

Desde su nuevo rol, Parejo, quien también es copresidenta del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía de Madrid, trabajará para implementar y supervisar medidas clave del II Plan. Su participación destaca la relevancia de unir experiencia profesional y compromiso social para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde los derechos humanos sean una prioridad indiscutible en las políticas públicas y privadas.