El diario ABC se hace eco de la reciente admisión por parte del Tribunal Supremo de un caso que examina la aplicación de intereses de demora en litigios tributarios marca un momento clave para los contribuyentes y el sistema fiscal español. Esta cuestión, planteada por el despacho Maio Legal, afecta a miles de casos anuales donde, pese a un fallo parcialmente favorable para el contribuyente, el saldo final resulta en una mayor carga debido a los intereses de demora acumulados durante el proceso judicial. La situación no solo parece injusta, sino que representa un desafío al derecho legítimo de defensa frente a Hacienda.
El problema radica en el artículo 26.5 de la Ley General Tributaria, que exige el pago de intereses de demora en nuevas liquidaciones derivadas de fallos judiciales, incluso si estas han sido ajustadas a la baja. Esto, en la práctica, deja al contribuyente en una situación desventajosa, pagando más de lo originalmente solicitado. Los asesores fiscales critican este aspecto, calificándolo de una anomalía que disuade a los contribuyentes de ejercer su derecho a una revisión judicial de sus liquidaciones, temerosos de enfrentar cargas adicionales por intereses de demora.
El Tribunal Supremo ha señalado su intención de analizar la naturaleza jurídica de estos intereses, para determinar si cumplen o no con los principios constitucionales, e incluso si podrían considerarse punitivos en ciertos casos. La resolución de este asunto podría implicar un cambio significativo en la relación entre la Agencia Tributaria y los contribuyentes, especialmente en un contexto donde los intereses de demora representan una fuente importante de ingresos fiscales, alcanzando 158 millones de euros en 2022.
