Un grupo de 62 policías locales ha presentado una demanda contra el Concello de Ourense por supuestas deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales. La reclamación, que asciende a más de 8 millones de euros, señala la falta de acceso a medios de protección adecuados y la ausencia de protocolos de seguridad. Además, se mencionan diversas incidencias registradas en los últimos años que, según los demandantes, reflejan la necesidad de mejoras en este ámbito.
El abogado Alejandro Gil Murillo, del despacho MAIO Legal, representa a los agentes en esta acción colectiva, que busca determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente y garantizar condiciones laborales adecuadas para el desempeño de sus funciones. Esta demanda sigue la línea de otros procedimientos similares, como el llevado a cabo en O Barco.
El proceso judicial aún no tiene fecha asignada, pero se espera que aporte claridad sobre la situación y permita avanzar en posibles soluciones que mejoren la seguridad y los recursos disponibles para los agentes.
El diario La Región se ha hecho eco de este asunto.
