Ignacio Arraez analiza en la versión papel del diario Expansión los retos fiscales derivados de las ayudas recibidas por los afectados de la Dana en Valencia. Mientras las ayudas públicas están exentas de tributación según la normativa vigente, las contribuciones realizadas por empresas a sus empleados inicialmente no lo estaban, lo que generó debates sobre la justicia del sistema. Finalmente, se aprobó su exoneración, aunque esta decisión contó con el voto en contra del Gobierno.

En cuanto a las ayudas de familiares y particulares, la normativa valenciana permite deducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pero con límites de 150.000 euros para particulares y 250.000 para autónomos. Estas medidas buscan garantizar que las ayudas se destinen a la reposición de bienes materiales, aunque existen críticas sobre si estos límites reflejan adecuadamente las necesidades reales de los afectados.

En este artículo Ignacio plantea la necesidad de un enfoque fiscal que no penalice a quienes han perdido bienes esenciales debido a catástrofes. Desde Aedaf se subraya la importancia de evitar que las ayudas solidarias terminen gravadas, respetando así el principio de equidad y la finalidad humanitaria de estas contribuciones.