Nuestro socio laboralista Alejandro Gil ha participado en el programa Cierre de Mercados de Radio Intereconomía para analizar en profundidad las recientes reformas laborales promovidas por el Gobierno. Estas modificaciones incluyen una histórica reducción de la jornada laboral máxima, un sistema más riguroso de registro de jornada, la consolidación del derecho a la desconexión digital y un endurecimiento de las sanciones por incumplimientos en materia de tiempo de trabajo.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la reducción de la jornada laboral máxima ordinaria a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo, un cambio que supone la primera modificación de este tipo en más de 40 años. Alejandro Gil destacó que esta medida busca mejorar la conciliación laboral y personal, permitiendo a los trabajadores disfrutar de más tiempo libre sin afectar su salario. Sin embargo, también señaló que su implementación requerirá una reorganización interna en muchas empresas, especialmente en sectores con una alta carga de horas de trabajo como la hostelería, el comercio y la agricultura.
Otra de las novedades introducidas es la regulación más estricta del registro de jornada, que ahora deberá ser digital, interoperable, accesible, fiable y objetivo. La nueva normativa establece que las empresas deberán garantizar que este sistema refleje con exactitud la jornada real de cada trabajador, sin posibilidad de alteraciones ni manipulaciones. Además, los registros deberán almacenarse durante cuatro años y estar disponibles en cualquier momento para la Inspección de Trabajo, los empleados y sus representantes.
Alejandro Gil también abordó la consolidación del derecho a la desconexión digital, una medida clave para evitar que los trabajadores sean requeridos fuera de su horario laboral a través de correos electrónicos, llamadas o mensajes. Según la nueva normativa, rechazar estas comunicaciones fuera de la jornada no podrá suponer ningún tipo de represalia o trato discriminatorio. Además, se refuerzan los derechos de los empleados a la privacidad y protección frente al uso de tecnologías de vigilancia y geolocalización.
Otro de los cambios significativos es la introducción de un régimen sancionador más severo para las empresas que incumplan las nuevas regulaciones. Ahora, las infracciones relacionadas con el registro de jornada se considerarán de carácter individual, lo que significa que cada trabajador afectado contará como una falta independiente. Las sanciones económicas oscilan entre 1.000 y 10.000 euros, dependiendo de la gravedad del incumplimiento, e incluyen penalizaciones más duras para aquellas empresas que pongan en riesgo la seguridad y la salud de sus empleados debido a una gestión inadecuada de sus tiempos de trabajo.
En su intervención, Alejandro Gil destacó que estas reformas suponen un importante desafío para las empresas, que deberán adaptar sus sistemas de control horario y organizar de manera eficiente la reducción de jornada sin afectar la productividad. Además, mencionó que la norma deja margen para la negociación colectiva, permitiendo a los sectores y empresas ajustar sus propios convenios para garantizar una transición adecuada.
